La política migratoria ecuatoriana hacia la población venezolana desde el 2018 y la ciudadanía universal.
El presente trabajo de investigación analiza cómo, a partir del año 2018, la política migratoria ecuatoriana experimentó un giro restrictivo frente al flujo masivo de ciudadanos venezolanos, priorizando la seguridad nacional por encima del enfoque de derechos humanos. Se examina la compatibilidad de...
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| Tipo de documento: | Tesis de maestría |
| Estado: | Published version |
| Fecha de publicación: | 2026 |
| País: | Ecuador |
| Institución: | UCSG |
| Repositorio: | Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| Lenguaje: | Español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucsg.edu.ec:3317/26601 |
| Acceso en línea: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26601 |
| Nivel de acceso: | Acceso abierto |
| Palabra clave: | MOVILIDAD HUMANA DERECHOS HUMANOS MIGRACIÓN INTERNACIONAL SOBERANÍA ESTATAL |
| Sumario: | El presente trabajo de investigación analiza cómo, a partir del año 2018, la política migratoria ecuatoriana experimentó un giro restrictivo frente al flujo masivo de ciudadanos venezolanos, priorizando la seguridad nacional por encima del enfoque de derechos humanos. Se examina la compatibilidad de las exigencias legislativas impuestas a la población venezolana (2018-2025) con los principios constitucionales de ciudadanía universal y soberanía estatal para determinar si su alcance se ajusta a los estándares internacionales que el Estado debe cumplir, teniendo en cuenta sus obligaciones de respeto, garantías y no discriminación. Utilizando un método cualitativo, se contrastaron decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales sobre legalización de la inmigración con la Constitución de 2008 y los estándares fijados por las últimas decisiones de la Corte Constitucional. Los hallazgos muestran una tensión crítica donde el poder soberano del control de la inmigración ha llevado a medidas legales regresivas y potencialmente discriminatorias, como la imposición de visas y procesos exclusivos de legalización, que son contrarios al derecho a la libre movilidad y al principio de ciudadanía universal. Se concluye que las políticas implementadas vacían de contenido el principio de ciudadanía universal, convierten la excepción en norma y promueven la ilegalidad de la migración, lo que requiere la reconfiguración de la regulación según el bloque constitucional. |
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